Opinión, por Marián Albalat
Hay días en los que una sociedad tiene que levantar la voz. Días en los que salir a la calle, parar la actividad y reclamar derechos no solo es legítimo, sino necesario. Porque muchos de los derechos que hoy consideramos incuestionables no llegaron por casualidad. Se conquistaron gracias a personas que tuvieron el valor de movilizarse, de protestar y de asumir las consecuencias de defender aquello en lo que creían.
La huelga es una de las herramientas más importantes que tiene la ciudadanía trabajadora para hacerse escuchar. Es un derecho fundamental y una expresión de libertad colectiva. Pero, como ocurre con todos los derechos, también exige responsabilidad, honestidad y coherencia.
Y aquí es donde conviene abrir un debate incómodo.
Cuando se convoca una huelga, especialmente cuando se hace para defender una causa que afecta al conjunto de la sociedad, cabe preguntarse qué significa realmente secundarla. Porque hacer huelga no es simplemente no acudir al puesto de trabajo. Es decidir conscientemente que, durante esa jornada, se deja de trabajar para demostrar que aquello que se reclama está por encima del interés económico individual.
Y eso tiene una consecuencia: ese día no se cobra el salario correspondiente.
No es un castigo. No es una injusticia. Es precisamente una de las características de la huelga. La legislación laboral establece que durante el ejercicio de este derecho se suspende el contrato de trabajo y el trabajador no tiene derecho al salario de esa jornada. Es parte del compromiso que implica secundar un paro.
Por eso resulta necesario hablar también de las bajas laborales por enfermedad cuando coinciden con jornadas de huelga. Una incapacidad temporal real es un derecho que debe protegerse y respetarse. Nadie debería cuestionar a una persona que, por motivos de salud, no puede acudir a trabajar. Pero una cosa es estar enfermo y otra muy distinta utilizar una baja médica como vía para evitar el descuento salarial de una jornada de huelga.
No se trata de poner bajo sospecha a quienes están enfermos, ni de cuestionar un derecho tan importante como la protección de la salud. Se trata de defender que no se utilicen mecanismos que nada tienen que ver con su finalidad para obtener un beneficio económico o evitar asumir las consecuencias de una decisión.
Si creemos en la causa que defendemos, también debemos estar dispuestos a asumir el coste de defenderla.
Porque no podemos exigir compromiso a los demás mientras buscamos la manera de que nuestro compromiso no tenga ninguna consecuencia. No podemos reclamar derechos colectivos desde una lógica exclusivamente individual, en la que queremos que la sociedad cambie, pero sin que ese cambio nos cueste absolutamente nada.
Una huelga no debería medirse únicamente por el número de personas que aparecen en una manifestación, por las pancartas que llenan las calles o por los mensajes que se publican en redes sociales. También debería medirse por la convicción de quienes deciden secundarla y por la honestidad con la que ejercen ese derecho.
La Marina Alta, como cualquier territorio, tiene motivos para movilizarse, reclamar y exigir mejoras. La vivienda, la sanidad, la educación, las condiciones laborales y los servicios públicos son cuestiones que afectan directamente a la calidad de vida de las personas. Y una sociedad que protesta, que debate y que exige responsabilidades es una sociedad viva.
Pero defender nuestros derechos también significa respetar las reglas que acompañan a su ejercicio.
Si vamos a la huelga, vayamos de verdad. Con todas las consecuencias. Incluso con la de no cobrar ese día.
Porque los derechos no se construyen buscando la manera de que el sacrificio lo asuman siempre los demás. Se construyen cuando somos capaces de comprometernos con aquello que exigimos, aunque ese compromiso tenga un precio.
La coherencia también es una forma de reivindicación. Y quizá sea una de las más necesarias.