Por Marián Albalat
Foto: Daniel Torok - White HouseFacebook
En cualquier empresa, el trabajo se revisa. Se evalúan los resultados, se comprueba si se han cumplido los objetivos y, cuando algo no funciona, se piden explicaciones. Nadie espera cuatro años para descubrir si un trabajador está haciendo bien su labor. Sin embargo, cuando hablamos de quienes gobiernan, parece que hemos aceptado que las reglas sean distintas.
Las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos nos invitan a reflexionar sobre algo que va mucho más allá de una victoria o una derrota electoral. Su sistema permite que, cada dos años, los ciudadanos vuelvan a las urnas para renovar la Cámara de Representantes y parte del Senado. No es una votación directa sobre la continuidad del presidente, pero sí una oportunidad para cambiar el equilibrio de poder y expresar su valoración sobre el rumbo del país.
Y ahí reside una de las cuestiones más interesantes: haber ganado unas elecciones no significa disponer de cuatro años de confianza ilimitada.
En España, como en buena parte de Europa, los ciudadanos suelen tener que esperar a la siguiente convocatoria electoral para premiar o castigar la gestión de sus representantes. Es cierto que existen mecanismos parlamentarios de control, pero ¿por qué no avanzar hacia fórmulas que permitan evaluar públicamente el trabajo de los gobiernos a mitad de legislatura?
No se trata de vivir permanentemente en campaña electoral ni de convertir cada decisión política en una consulta. Gobernar requiere tiempo, estabilidad y capacidad para afrontar circunstancias que no siempre se pueden prever. Pero también exige transparencia, responsabilidad y explicaciones.
¿Qué ha ocurrido con las promesas electorales? ¿Qué proyectos se han quedado por el camino? ¿Cómo se ha gestionado el dinero público? ¿Qué ha mejorado realmente en la vida de los ciudadanos? Son preguntas que no deberían esperar cuatro años para encontrar respuesta.
Al fin y al cabo, los políticos administran recursos que pertenecen a todos y toman decisiones que afectan a nuestro presente y a nuestro futuro. Su responsabilidad debería implicar, como mínimo, el mismo compromiso que se exige a cualquier profesional.
Quizá hemos normalizado demasiado que votar signifique entregar nuestra confianza durante toda una legislatura, sin más examen que el de las siguientes urnas. Pero la democracia no debería limitarse a elegir a quienes nos representan; también debe garantizar que podamos pedirles cuentas mientras ejercen esa responsabilidad.
Porque los cargos públicos no son propiedades personales ni los mandatos periodos de impunidad. Son compromisos con la sociedad.
Y si en cualquier empresa se revisa el trabajo de quienes tienen una responsabilidad, ¿por qué no hacerlo también con quienes gobiernan?
El poder no es un cheque en blanco. La confianza de los ciudadanos tampoco debería serlo.