Corría el mes de octubre de 2014, gobierna un tal Rajoy, ¿Lo recuerda? España se echó a la calle por un perro. Se llamaba Excalibur y pertenecía a Teresa Romero, la auxiliar de enfermería contagiada de ébola. (Les dejo la noticia en la parte inferior para hacerles memoria) Las autoridades decidieron sacrificarlo ante el posible riesgo de transmisión de una enfermedad potencialmente mortal para la que entonces no existía una vacuna autorizada. No se había demostrado que el animal estuviera infectado. Pero la salud era lo primero. Años después con la pandemia descubrimos que así era.
La decisión provocó una oleada de indignación. Manifestaciones, concentraciones, miles de firmas y peticiones de dimisión. El Gobierno de Mariano Rajoy quedó en el centro de una tormenta política y social. Una parte de España consideraba inadmisible que se sacrificara a un animal.
Y probablemente tenían motivos para protestar. No se trata de cuestionar aquella movilización ni de restarle importancia a la vida de un animal.
Se trata de preguntarnos qué nos ha pasado como sociedad para que, doce años después, ante más de un centenar de muertos en dos accidentes ferroviarios en menos de diez meses, no exista una reacción ciudadana comparable.
¿Qué nos ha pasado? ¿Nos hemos vuelto ciegos? ¿Estamos anestesiados? ¿O es que nuestra capacidad de indignación depende exclusivamente del partido político que gobierna?
España ha vivido este año dos tragedias ferroviarias devastadoras. Adamuz, en enero. Urda, en octubre. Más de cien vidas truncadas. Familias destrozadas. Personas que salieron de sus casas convencidas de que viajar en tren era seguro y que jamás llegaron a su destino.
Y mientras las víctimas lloran a sus familiares y las investigaciones tratan de esclarecer lo sucedido, asistimos a una sucesión de explicaciones, comparecencias y justificaciones políticas que difícilmente pueden devolver la tranquilidad a los ciudadanos.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha defendido públicamente la fortaleza de nuestro sistema ferroviario, ha reconocido hoy que el sistema de señalización LZB ha registrado 170 incidencias en lo que llevamos de 2025. Las ha situado dentro de parámetros habituales y ha insistido en que existen protocolos para responder a ellas.
Pero precisamente ahí está la cuestión. Que un fallo sea habitual no significa que la sociedad deba resignarse a él. Y que existan protocolos no basta si, llegado el momento decisivo, esos mecanismos no consiguen evitar una tragedia.
Hace apenas unos años se nos anunciaba una alta velocidad capaz de alcanzar los 350 kilómetros por hora y conectar Madrid y Barcelona en menos de dos horas. Hoy, el propio Ministerio estudia la posibilidad de interrumpir temporalmente el servicio en ese corredor para acometer importantes obras de renovación. El ministro sostiene que no se plantea por motivos de seguridad, sino para agilizar los trabajos y mejorar la fiabilidad.
Pero el contraste entre las promesas de ayer y las explicaciones de hoy resulta difícil de ignorar.
¿De qué sirve presumir de velocidad si los ciudadanos empiezan a perder la confianza en el transporte que utilizan? ¿De qué sirve anunciar grandes proyectos si después tenemos que preguntarnos si el mantenimiento y la modernización han avanzado al ritmo necesario?
No corresponde a un artículo de opinión determinar las causas técnicas de los accidentes. Para eso están las investigaciones. Pero tampoco es necesario esperar a una sentencia judicial para abrir un debate sobre la responsabilidad política.
Porque responsabilidad política no significa necesariamente haber provocado personalmente una tragedia. Significa responder por la gestión de un servicio público, por sus prioridades, por sus inversiones, por sus carencias y, sobre todo, por la confianza que los ciudadanos han depositado en quienes lo dirigen.
Y aquí aparece otra cuestión todavía más preocupante: nuestra doble vara de medir.
Carlos Mazón terminó dimitiendo como presidente de la Generalitat Valenciana tras la gestión de la DANA. Nuria Montes dejó su cargo como consellera después de unas declaraciones desafortunadas que provocaron una enorme indignación. Noelia Núñez renunció a sus responsabilidades políticas tras conocerse que había presentado una formación académica que no poseía.
Tres casos diferentes, con circunstancias y responsabilidades distintas. Pero todos demuestran que la dimisión existe como mecanismo de responsabilidad política.
¿Por qué entonces parece tan difícil siquiera plantearla cuando hablamos de un ministro del Gobierno de España?
No se trata de afirmar que todas las situaciones sean equivalentes. Se trata de defender que la exigencia de responsabilidades no puede depender del color de las siglas.
Y lo más inquietante no es únicamente la actitud de nuestros gobernantes. Es la nuestra.
Pablo Motos hablaba recientemente de los llamados pedroplanistas, una expresión dirigida a quienes mantienen un apoyo prácticamente incondicional a Pedro Sánchez, suceda lo que suceda. Más allá del término, que puede resultar provocador, el fenómeno merece una reflexión.
Hay ciudadanos que parecen haber convertido su preferencia política en una especie de contrato de fidelidad perpetua. Todo se justifica. Todo se relativiza. Todo encuentra una explicación. Y cuando ya no quedan argumentos, aparece la frase que parece servir para cerrar cualquier discusión: «Todo, antes de que gobierne la ultraderecha».
Como si el miedo a una alternativa política otorgara inmunidad a quienes gobiernan.
Como si exigir la dimisión de un ministro significara automáticamente abrazar las ideas de la oposición.
Como si reconocer un error de los tuyos fuera una traición ideológica.
Y no. Ser de izquierdas no obliga a defender lo indefendible de un Gobierno socialista. Del mismo modo que ser de derechas no debería obligar a justificar cualquier decisión de un Gobierno del Partido Popular.
Una sociedad políticamente madura no es aquella que defiende a los suyos contra viento y marea. Es aquella que les exige más precisamente porque ha depositado su confianza en ellos.
La democracia necesita ciudadanos, no aficionados de fútbol trasladados a la política. Necesita personas capaces de reconocer los aciertos del adversario y denunciar los errores del propio partido. Necesita criterio, independencia y una mínima coherencia moral.
Porque cuando todo se convierte en una batalla entre los nuestros y los otros, las víctimas desaparecen detrás de las siglas. Las responsabilidades se diluyen. Y la verdad termina importando menos que ganar una discusión.
Algunos sostienen que la dimisión de Óscar Puente no solucionaría nada. Y tienen razón en una cosa: una dimisión no devuelve la vida a los fallecidos, no repara las infraestructuras ni garantiza por sí sola que no vuelva a ocurrir una tragedia.
Pero ese argumento es profundamente insuficiente.
Una dimisión no pretende solucionar técnicamente todos los problemas. Una dimisión representa asumir que hay momentos en los que la responsabilidad institucional debe situarse por encima de la continuidad personal en un cargo.
Si aceptamos que nadie debe dimitir porque su salida no arregla automáticamente los problemas, habremos eliminado de facto una de las principales formas de rendición de cuentas de nuestra democracia.
Y entonces, ¿para qué sirve la responsabilidad política?
No sabemos todavía todas las circunstancias que provocaron estas tragedias. Deben investigarse hasta el final, sin prejuzgar a trabajadores ni responsables concretos. Pero sí sabemos que la confianza en un servicio público esencial ha sufrido un golpe enorme. Y que recuperar esa confianza exige mucho más que comparecer ante los medios y ofrecer explicaciones.
Exige transparencia, autocrítica, inversiones, garantías y decisiones políticas a la altura de las circunstancias.
Lo que no podemos permitirnos es una ciudadanía que solo se moviliza cuando gobiernan los otros.
Una ciudadanía que encuentra intolerable una decisión cuando la adopta Rajoy, pero que busca excusas cuando la toma Sánchez. O viceversa.
Una ciudadanía que confunde la lealtad ideológica con la sumisión política.
Porque el problema de España no es únicamente quién nos gobierna. El problema es también cuánto estamos dispuestos a tolerar dependiendo de quién ocupe el poder.
En 2014, la muerte de Excalibur despertó una indignación social extraordinaria. En 2026, después de dos tragedias ferroviarias que han dejado más de cien fallecidos, deberíamos estar exigiendo respuestas, responsabilidades y garantías con una determinación, como mínimo, igual de contundente.
No porque la vida de un animal no importe. Sino porque la vida humana, la seguridad pública y la confianza en nuestras instituciones también merecen una sociedad despierta.
Quizá el mayor fracaso de nuestra democracia no sea que algunos políticos se resistan a asumir responsabilidades. Quizá sea que hemos dejado de exigírselas cuando son de los nuestros.
Y eso debería preocuparnos mucho más que cualquier resultado electoral.
Porque una sociedad que pierde su capacidad de indignarse ante lo que considera injusto, una sociedad que disculpa lo que ayer condenaba, una sociedad que antepone las siglas a sus principios, no es una sociedad políticamente madura.
Es una sociedad anestesiada.
Y lo verdaderamente peligroso de la anestesia es que, cuando dejamos de sentir el dolor, también podemos dejar de percibir que algo va terriblemente mal.
Javier Llull
director de Vistanova TV