El vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha trasladado este lunes a los representantes de las principales asociaciones de afectados por los deslindes del litoral de Dénia el compromiso de la Generalitat de recurrir la modificación del Reglamento General de Costas promovida por el Gobierno de España.
Durante la reunión, en la que también participaron el secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Javier Sendra; el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana; y la comisionada del puerto de Dénia, Pepa Font, se abordó la situación de los expedientes de deslinde que afectan a diferentes zonas del litoral dianense y se recogieron las demandas de los vecinos.
Martínez Mus anunció que el Consell presentará el recurso durante el próximo mes de septiembre y aseguró que utilizará todas las vías disponibles —administrativas, políticas y judiciales— para defender los intereses de los propietarios afectados.
El conseller recordó que la Generalitat ya se ha opuesto a los expedientes de deslinde impulsados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico durante toda su tramitación y que mantiene recursos contra los tres procedimientos abiertos en Dénia. A ello se sumará ahora la impugnación de la reforma del Reglamento General de Costas.
Según explicó, el Gobierno valenciano ya presentó alegaciones al proyecto normativo y, una vez entre en vigor, continuará su defensa de los derechos de los ciudadanos por todas las vías legales.
Martínez Mus insistió en que la protección del litoral debe ser compatible con la seguridad jurídica de los propietarios y con el desarrollo sostenible de los municipios costeros. En este sentido, defendió que cualquier modificación del dominio público marítimo-terrestre debe apoyarse en criterios técnicos sólidos y consolidados, evitando generar incertidumbre entre los vecinos afectados.
Uno de los principales motivos del rechazo de la Generalitat a la reforma es el cambio del criterio para fijar los deslindes. La nueva normativa permitiría que un único temporal extraordinario sirviera como referencia para establecer de forma permanente el dominio público marítimo-terrestre, sustituyendo el criterio técnico utilizado durante décadas. El Consell considera que esta modificación puede incrementar la inseguridad jurídica y afectar a miles de viviendas y propiedades situadas en la costa valenciana.
Durante el encuentro también se expusieron las propuestas de la Generalitat para compatibilizar la conservación del litoral con los derechos de los propietarios, apostando por una gestión basada en criterios científicos y técnicos.
Además, el vicepresidente reclamó al Gobierno central una mayor inversión para frenar la regresión de la costa. Recordó que dos de los cinco tramos más afectados de España se localizan en la Comunitat Valenciana, concretamente entre Castellón y Sagunto y entre Valencia y Dénia, por lo que defendió que la protección del litoral debe incluir actuaciones de regeneración y no limitarse únicamente a la ampliación de los deslindes.
Por último, Martínez Mus reiteró el compromiso de la Generalitat de seguir trabajando junto a los afectados para impulsar un modelo de gestión del litoral que combine la protección ambiental con la seguridad jurídica y el respeto a los derechos de los ciudadanos.