La situación que atraviesa APROSDECO, entidad sin ánimo de lucro que gestiona el centro ocupacional de La Xara para toda la Marina Alta, ha vuelto a poner sobre la mesa un problema de fondo que va más allá de los retrasos puntuales en los pagos de la Generalitat Valenciana. Lo ocurrido en los últimos días, con manifestaciones públicas, nóminas fraccionadas y un cruce político creciente, refleja un modelo de gestión y financiación que presenta serias debilidades tanto por parte de la administración como de la propia entidad gestora
La asociación ha denunciado una deuda cercana al medio millón de euros por parte de la Generalitat, aunque la cifra es aproximada y con matices. Según sus propios escritos remitidos a trabajadores y familias, las cantidades pendientes corresponden a cuatro mensualidades concretas, diciembre, enero, febrero y marzo. En paralelo, este mismo día la dirección ha comunicado a su plantilla el abono del 50% restante de la nómina de enero, confirmando así que la falta de liquidez ha obligado a pagar salarios de forma parcial, una situación que evidencia la tensión económica interna
En ese mismo comunicado se apuntan avances que, sin embargo, no terminan de despejar la incertidumbre. La Conselleria ha ingresado la mensualidad de febrero de las viviendas tuteladas, se han aprobado en el DOGV expedientes que incluyen facturas de octubre, noviembre y diciembre aunque sin fecha concreta de pago, y se prevé un ingreso parcial inminente vinculado al Instituto Valenciano de Finanzas para el periodo abril junio. Además, a partir de abril la facturación pasará a canalizarse a través del IVF con carácter mensual, una medida que sobre el papel debería aportar estabilidad pero que llega tras meses de tensión acumulada
El problema de fondo, no obstante, es estructural. El modelo obliga a una asociación sin ánimo de lucro a adelantar cada mes alrededor de 100.000 euros en costes fijos entre personal, transporte, manutención y servicios, para posteriormente facturar a la administración y esperar el pago tras los trámites de intervención. Un circuito administrativo que, en el mejor de los casos, puede alargarse tres meses, y que en la práctica genera un desfase financiero difícilmente asumible para una entidad de estas características
Esta fórmula de gestión resulta especialmente cuestionable cuando se trata de un servicio comarcal que atiende a personas con discapacidad física e intelectual. La dependencia de una estructura asociativa con limitada capacidad financiera, sometida además a los ritmos de la burocracia pública, introduce un nivel de riesgo que impacta directamente en la estabilidad del servicio y en las condiciones laborales de los trabajadores. En este contexto, la situación actual no puede entenderse únicamente como un retraso puntual de pagos, sino como la consecuencia de un modelo mal diseñado
A ello se suma la falta de previsión financiera por parte de la propia entidad. La caducidad de la póliza de crédito que venía sosteniendo estos desfases temporales ha agravado el problema, obligando a tramitar nuevas líneas de financiación en pleno momento de tensión. La ausencia de mecanismos preventivos sólidos o de una negociación anticipada con la administración para garantizar liquidez pone también el foco en la gestión interna de la asociación, que ha quedado expuesta en un escenario especialmente delicado
En paralelo, la Cadena SER en Alicante ha informado de la apertura de diligencias sancionadoras por parte de la Inspección de Trabajo relacionadas con presuntas irregularidades en las casas tuteladas gestionadas por la entidad, ubicadas en las antiguas viviendas de profesores del colegio Cervantes. Las actuaciones apuntan a posibles incumplimientos en el pago de horas extraordinarias y en la formación obligatoria en prevención de riesgos laborales, lo que añade un nuevo frente a la situación de la organización
La protesta celebrada estos días ha contado con la presencia del alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, quien ha cargado con dureza contra la Generalitat y ha criticado la ausencia del Partido Popular en la movilización, exigiendo el pago inmediato de la deuda. Sin embargo, la memoria reciente introduce matices incómodos en este discurso. Durante la etapa del gobierno autonómico del Botànic, presidido por Ximo Puig, la Conselleria ya acumuló deudas superiores a los 650.000 euros con esta misma entidad sin que se produjera entonces una reacción política de similar intensidad a nivel local
El uso de usuarios del centro en la manifestación ha generado también críticas, al interpretarse como una estrategia de presión que desplaza el foco del debate hacia el terreno emocional en lugar de abordar con rigor las soluciones administrativas y estructurales necesarias. En un contexto tan sensible, la exposición pública de personas con discapacidad añade un elemento de controversia que no ha pasado desapercibido
Con algunos pagos en marcha y cambios anunciados en el sistema de financiación, la situación de APROSDECO sigue lejos de resolverse. Lo ocurrido en La Xara no solo pone en cuestión la gestión puntual de una entidad o los retrasos de una administración concreta, sino que abre un debate más amplio sobre cómo se están gestionando servicios esenciales dirigidos a colectivos vulnerables y hasta qué punto el actual modelo garantiza estabilidad, calidad y dignidad tanto para usuarios como para trabajadores