La implantación de la baliza V-16 como sustituta de los tradicionales triángulos de emergencia, obligatoria en los vehículos a partir del 1 de enero de 2026, vuelve a generar controversia. Esta vez, no por su eficacia en carretera, sino por las implicaciones en materia de privacidad y seguridad que ha despertado la existencia de una web oficial donde se pueden visualizar las incidencias asociadas a balizas conectadas.
La Dirección General de Tráfico (Dirección General de Tráfico) defiende la V-16 como un avance en seguridad vial, ya que permite señalizar una avería o accidente sin que el conductor tenga que abandonar el vehículo. Al activarse, la baliza emite una señal luminosa visible y transmite automáticamente la ubicación del coche a la plataforma de gestión de tráfico, con el objetivo de alertar al resto de usuarios de la vía.
Sin embargo, la polémica ha estallado tras comprobarse que existe un portal público de información del tráfico en el que se reflejan las incidencias vinculadas a estas balizas, lo que para muchos usuarios equivale a poder deducir la localización aproximada de vehículos averiados en tiempo real. En redes sociales y foros especializados han surgido críticas que alertan de un posible uso indebido de esta información, especialmente por parte de ladrones o estafadores que podrían aprovechar la vulnerabilidad de conductores detenidos en carretera.
Las principales quejas se centran en que esta visibilidad pública podría facilitar robos, engaños o suplantaciones de asistencia, al permitir identificar zonas donde hay coches parados y personas potencialmente en situación de estrés o necesidad de ayuda. Todo ello ha reavivado el debate sobre hasta qué punto una herramienta pensada para mejorar la seguridad vial puede terminar generando nuevos riesgos.
Desde la DGT se insiste en que no se trata de un sistema de rastreo, que la baliza solo transmite datos cuando se activa en una situación de emergencia y que la información no incluye datos personales del conductor ni del vehículo. Según el organismo, el objetivo es exclusivamente mejorar la gestión del tráfico y reducir accidentes secundarios, no identificar a usuarios concretos.
Aun así, la desconfianza persiste. Esta nueva polémica se suma a las críticas previas sobre la V-16, como la confusión generada por la venta de dispositivos que no cumplirán la normativa futura o la retirada de homologaciones a determinados modelos. Para muchos conductores, la sensación es que una medida presentada como simple y segura se está convirtiendo en un foco constante de dudas y controversias.
Con la fecha de obligatoriedad cada vez más cerca, el debate ya no se limita a si la baliza V-16 es más visible o más cómoda que los triángulos, sino a qué información se comparte, quién puede acceder a ella y con qué garantías de protección para el ciudadano. Una discusión que, lejos de apagarse, parece ir a más.