*** Artítulo de opinión ***
En Dénia, hablar de posidonia en verano es casi tan inevitable como hablar del calor o de la falta de aparcamiento. Cada temporada vuelve a la arena —literal y políticamente— y genera el mismo cruce de posturas: para unos, es un símbolo de biodiversidad; para otros, un problema para el turismo y la economía local.
Este año, la Conselleria de Medio Ambiente ha introducido una modificación en el manual de buenas prácticas que permitirá retiradas excepcionales cuando los arribazones superen los 10 centímetros de altura y 1,5 metros de anchura, entre junio y septiembre, sin la limitación de hacerlo únicamente con medios manuales. Puede parecer un ajuste técnico, pero supone más margen de maniobra para los municipios turísticos.
El Partido Popular de Dénia ha celebrado la decisión como un logro de gestión, subrayando que han sabido trasladar el malestar ciudadano a València. Al frente, Pepa Font ha insistido en que este avance “armoniza el uso turístico de las playas con la conservación ambiental”. No es un detalle menor que exista una evidente sintonía institucional y de diálogo entre la portavoz popular —compromisaria del Puerto de Dénia— y el actual conseller de Medio Ambiente, que años atrás ocupó la Dirección General de Puertos. Esa cercanía de trabajo previo facilita un entendimiento que, en momentos de tensión, se traduce en soluciones.
El equipo de gobierno local (PSPV y Compromís) ha respondido con un comunicado en el que matizan el alcance real de la medida, asegurando que en Dénia la incidencia será limitada, reducida a zonas naturales muy concretas como los Molins o el Molinell. Defienden además que llevan tiempo en contacto con la Conselleria y que sus gestiones vienen de largo.
Ambas posturas tienen parte de razón: el cambio es limitado en su aplicación, pero significativo como precedente. Y lo interesante no es tanto quién se cuelga la medalla, sino qué lectura política se hace de aquí en adelante.
Porque la verdadera cuestión no es la posidonia, sino cómo se gestionarán las relaciones institucionales en los próximos dos años de legislatura. Dénia tiene sobre la mesa retos de gran calado que dependen directamente de la Generalitat: el nuevo centro de salud, la residencia, el tren a Gandia o las inversiones en infraestructuras que marcan el futuro de la ciudad. En ese escenario, la diferencia entre la confrontación estéril y la búsqueda de entendimientos marcará el rumbo.
La posidonia, en definitiva, ha sido un recordatorio de que la política local no puede quedarse en el titular fácil ni en el reproche veraniego. Lo importante será comprobar si, más allá de las algas, los actores políticos de Dénia son capaces de consolidar esa sintonía y ese diálogo que permiten que las grandes demandas de la ciudad lleguen a buen puerto.