Una gran operación conjunta entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera ha conseguido desarticular una de las mayores organizaciones de trata y explotación sexual de mujeres en la Comunidad Valenciana. El operativo, que aún no ha finalizado del todo, ha dejado un saldo provisional de más de veinte personas detenidas y varias decenas de mujeres liberadas.
La red estaba liderada por un ciudadano colombiano con un largo historial vinculado a la trata de personas, que llevaba años siendo investigado por las autoridades. Finalmente, gracias a una acumulación de pruebas y testimonios, ha sido detenido junto a sus colaboradores, entre ellos personas de confianza, testaferros y algunas de las propias mujeres explotadas que, bajo presión, habían sido forzadas a ejercer control sobre otras víctimas en los prostíbulos.
El operativo incluyó cerca de 20 registros simultáneos en pisos y locales de València, Xàtiva, Gandia, Alzira, Castelló, Pedreguer y otros municipios. Las redadas comenzaron a las 8:00 de la mañana del martes y permitieron rescatar a mujeres que vivían hacinadas y sometidas a amenazas y coacciones constantes.
Las víctimas, en su mayoría extranjeras procedentes de países como Colombia, Perú, Ecuador y algunos asiáticos, habían sido engañadas con falsas ofertas de trabajo. Al llegar a España, les retiraban la documentación y las forzaban a prostituirse para pagar supuestas deudas, que se inflaban con sanciones arbitrarias, impidiéndoles recuperar su libertad.
Uno de los prostíbulos estaba ubicado en pleno centro de Gandia, en la calle Marqués de Campo, donde los vecinos llevaban dos años denunciando la actividad sin respuesta. Otro caso se registró en Alzira, donde la Policía Nacional liberó a tres mujeres de un piso encubierto. En Xàtiva, agentes intervinieron en un local que operaba bajo la apariencia de centro de masajes llamado "Serenity".
La investigación tuvo su origen en un piso de Pedreguer, donde la Guardia Civil detectó actividad relacionada con la prostitución. A partir de ahí, se inició una investigación judicial que acabó coordinando a diversas unidades especializadas a nivel nacional.
Han intervenido cuerpos especializados como la Unidad Central Operativa (UCO), la UCRIF (especializada en redes de inmigración y falsificación de documentos) y los equipos Emume dedicados a la protección de mujeres y menores, entre otros.