La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la orden del Gobierno central que aprueba el deslinde de los bienes de dominio público en la playa de Les Deveses de Dénia. Así lo ha confirmado el conseller Vicente Martínez Mus, quien ha asegurado que la Generalitat está "al lado de los afectados para evitar la usurpación de propiedades por vía administrativa y judicial".
El responsable de Medio Ambiente ha explicado que la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos, encabezada por Marc García Manzana, cumple con su compromiso de recurrir, tanto judicial como administrativamente, los diferentes deslindes impulsados por el Ejecutivo central.
Impacto en los vecinos afectados
El deslinde de la playa de Les Deveses fue aprobado definitivamente por el Gobierno antes de las pasadas navidades, lo que, según Martínez Mus, implica que "centenares de residentes verán sus viviendas incluidas en dominio público". Esto supondrá la pérdida total o parcial de la propiedad de sus casas o parcelas, las cuales pasarán a estar bajo concesión del Estado.
El conseller ha recordado que en enero mantuvo una reunión con los afectados para explicarles las medidas que el Consell está preparando con el objetivo de "contrarrestar la usurpación de propiedades privadas". Entre estas medidas destaca el recurso contencioso-administrativo que ahora ha sido formalizado.
Una nueva ley autonómica para proteger la costa
Martínez Mus también ha subrayado la importancia de la futura Ley de Protección y Ordenación de la Costa de la Comunitat Valenciana, que se encuentra en tramitación en Les Corts. Esta normativa autonómica pretende compatibilizar la protección del litoral con los usos económicos de la costa y salvaguardar los núcleos costeros tradicionales y las viviendas frente a procesos de deslinde.
El conseller ha destacado que la nueva ley busca ofrecer soluciones a cuestiones que actualmente no están bien resueltas en la legislación estatal, como la situación de los núcleos costeros tradicionales, las zonas de marjal y la compatibilidad entre los usos humanos y la conservación del entorno natural. Además, pretende abordar la regresión costera con herramientas de protección y dar mayor participación a los ayuntamientos en la gestión del litoral.
"Nuestro objetivo es establecer una normativa autonómica que responda a las competencias que establece el Estatuto de Autonomía y que garantice una gestión equilibrada y sostenible de la costa", ha concluido Martínez Mus.