La batalla política y urbanística en Dénia vuelve a subir de tono. El PSPV local y la Asociación de Promotores, presidida por Carlos Pesquera, han protagonizado en los últimos días un duro intercambio de acusaciones que evidencia el clima de tensión en torno al desarrollo urbanístico del municipio.
Dos relatos opuestos sobre la misma ciudad
Por un lado, el PSPV defiende que la ciudad avanza con un modelo urbanístico “ordenado y sostenible”, basado en el Plan General Estructural aprobado hace tres años. Los socialistas aseguran que las críticas procedentes de la derecha, promotores e incluso de la Generalitat responden a intereses particulares que buscan “volver al caos urbanístico del pasado”.
En su artículo, el partido denuncia presiones y una supuesta “connivencia” entre la administración autonómica y promotores locales, y pone como ejemplo la polémica en torno al Plan Especial de Alqueries, en el entorno del Bosc de Diana. Según el PSPV, este proyecto no solo está contemplado en el planeamiento vigente, sino que permitirá crear un parque inundable clave para mitigar los efectos del cambio climático en zonas como París Pedrera.
Además, sostienen que la oposición del Partido Popular responde a la defensa de intereses privados frente al interés general, insistiendo en que el modelo urbanístico actual garantiza tanto la protección del territorio como la compensación a los propietarios afectados.
Los promotores hablan de “bloqueo” y “caos jurídico”
La respuesta del sector promotor ha sido igual de contundente. Carlos Pesquera acusa al gobierno local de “estigmatizar” al sector para ocultar lo que califica como una gestión fallida.
Desde la Asociación se dibuja un escenario completamente distinto: una ciudad “en bloqueo absoluto”, con un urbanismo “inestable y judicializado”. Pesquera advierte de una posible responsabilidad patrimonial que podría alcanzar “cientos de millones de euros”, derivada de decisiones municipales que, según afirma, han generado inseguridad jurídica.
Uno de los puntos más críticos es la falta de planeamiento pormenorizado, que consideran esencial para desarrollar el municipio con garantías. También cuestionan la viabilidad de los Planes Especiales impulsados por el Ayuntamiento, al entender que no permiten reclasificar suelo, lo que los convierte, en su opinión, en “relatos vacíos”.
El papel de la Generalitat y los tribunales
El conflicto se amplía con la intervención de la Generalitat Valenciana, que ha recurrido una ordenanza municipal sobre aprovechamientos urbanísticos. Este movimiento es interpretado de forma radicalmente distinta por ambas partes.
Mientras el PSPV sugiere que responde a intereses de promotores y llega a hablar de posibles interferencias en competencias locales, los promotores lo consideran una consecuencia lógica de lo que califican como “ilegalidades” en la gestión urbanística municipal.
De hecho, la propia Asociación de Promotores asegura haber llevado a los tribunales tanto al Ayuntamiento como a la Generalitat por supuestos incumplimientos en materia urbanística y medioambiental.
Un debate que va más allá del urbanismo
El enfrentamiento no es solo técnico, sino profundamente político. El PSPV apela a la sostenibilidad, la planificación y la defensa del interés general frente a la especulación. Los promotores, por su parte, reivindican su papel como generadores de vivienda y riqueza, y acusan al gobierno local de ideologizar el urbanismo y paralizar el desarrollo económico.
El resultado es un escenario de confrontación abierta en el que ambas partes se acusan de poner en riesgo el futuro de Dénia. Entre acusaciones de especulación, inseguridad jurídica y bloqueo institucional, el urbanismo se consolida una vez más como uno de los principales focos de conflicto en la ciudad.