El pleno del Ayuntamiento de Calp ha aprobado hoy una modificación presupuestaria por valor de 1.335.911,03 euros destinada principalmente al pago de intereses de demora derivados de una sentencia judicial y a la expropiación de suelo dotacional privado en la zona de Maryvilla. La propuesta ha salido adelante con los votos del equipo de gobierno y la abstención de la oposición.
Esta modificación responde a la necesidad de afrontar gastos inaplazables para los que no existe dotación en el presupuesto actual. Para ello, se han dado de baja partidas no comprometidas —como infraestructuras de saneamiento y pluviales (569.226,14 €), fiestas populares (1.000 €) o mantenimiento de edificios (10.000 €)— y se ha recurrido a 755.684,89 euros del remanente de tesorería de 2024.
Entre las partidas que se ejecutarán este año, destacan:
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380.674,92 € para el pago de intereses de demora derivados del conflicto judicial con la empresa SIREM (antigua Colsur).
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854.423,04 € para la expropiación de suelo dotacional en Maryvilla.
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49.813,07 € para canalización y preinstalación de red wifi pública en el casco antiguo.
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40.000 € para mobiliario y equipamiento del nuevo Centre Social d’Atenció Primària.
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10.000 € para premios de la Gala de l’Esport i la Cultura.
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1.000 € para el concurso de carteles de Moros y Cristianos.
Durante el debate plenario, los portavoces de la oposición han cuestionado tanto la oportunidad de estos pagos como la falta de previsión y transparencia. Desde Defendamos Calpe, Paco Quiles lamentó la ausencia de un proyecto definido para el suelo expropiado y criticó que se opte por pagar casi 400.000 euros de intereses sin haber intentado una solución anticipada. El PP, por su parte, denunció que se trate de una operación sin retorno directo para la ciudadanía y alertó sobre futuras cargas económicas similares.
Desde el equipo de gobierno, los portavoces de PSOE, Compromís y Somos Calpe defendieron la necesidad legal de atender la sentencia y aclararon que la expropiación responde a derechos reconocidos por el PGOU vigente desde 1998. Además, subrayaron que el suelo en cuestión ya es urbano y consolidado, lo que justifica su coste.
La alcaldesa, Ana Sala, cerró el debate recordando que el proceso judicial se remonta a hace más de dos décadas y que, ante la inacción municipal, el propietario del terreno había solicitado finalmente la expropiación. “Es una situación heredada y la justicia, aunque lenta, ha hablado. Ahora debemos cumplir con nuestras obligaciones”, concluyó.
