Artículo de Opinión:
Hay una tendencia peligrosa en nuestra época: convertir cualquier conflicto social en una guerra moral donde unos representan el bien absoluto y otros el mal absoluto. La educación tampoco ha escapado a ello. De hecho, probablemente sea uno de los terrenos donde más fácilmente se produce este fenómeno, porque hablar de educación significa hablar de hijos, de futuro, de identidad y de valores. Y cuando todo eso entra en juego, la razón suele tener dificultades para abrirse paso entre la emoción.
La huelga indefinida convocada por parte del profesorado en la Comunitat Valenciana ha llegado envuelta en esa atmósfera. Se ha construido un relato sencillo: profesores luchando por una educación digna frente a una administración que no escucha. Un relato atractivo, emocional y fácil de consumir. El problema es que la realidad, como suele ocurrir, acostumbra a ser mucho más incómoda que los eslóganes.
Conviene empezar por algo esencial: muchas de las reivindicaciones son razonables y legítimas. Y decir lo contrario sería una enorme injusticia.
Pedir mejores infraestructuras es legítimo. Hay centros educativos que necesitan inversiones urgentes. Pedir una reducción de ratios es legítimo. Un aula masificada perjudica la atención individualizada y dificulta el aprendizaje. Pedir sustituciones más ágiles es legítimo. Pedir una reducción de la burocracia es legítimo. Pedir mejoras salariales después de años de pérdida de poder adquisitivo también puede considerarse legítimo.
Hasta ahí, pocas personas razonables podrían oponerse.
Sin embargo, una reivindicación deja de analizarse únicamente desde la legitimidad cuando entra en el terreno de la viabilidad.
Porque la política, a diferencia de las pancartas, tiene una desagradable costumbre: exige hacer cuentas.
Reducir ratios no consiste únicamente en contratar profesores. Significa construir nuevos centros, ampliar instalaciones, crear aulas, dotarlas de recursos y sostener plantillas durante décadas. Mejorar sustituciones implica ampliar estructuras administrativas y aumentar personal. Modernizar infraestructuras requiere inversiones multimillonarias.
Y aquí aparece una realidad incómoda que nadie parece querer convertir en lema de manifestación: todo cuesta dinero.
Porque poner antecedentes es importante para entender de dónde venimos. Venir de una comunidad autonómica infrafinanciada, con una deuda que por parte del gobierno español de más de 40.000 millones de euros. Esta cifra no es baladí entendiendo que la educación, la sanidad o los servicios sociales dependen del dinero del contribuyente y si el Consell no tiene los recursos económicos, poco podría hacer a tal fin para satisfacer estas necesidades.
Por otro lado, cabe recordar que durante el año 25 se dedicó gran parte del presupuesto autonómico a la reconstrucción de la mayor crisis de esta comunidad, la dana de Valencia. Y esto no se debería pasar por alto viendo la situación.
La Conselleria ha puesto sobre la mesa una propuesta económica que incluye mejoras salariales y mecanismos de actualización. Los sindicatos la consideran insuficiente y plantean demandas superiores. El debate es perfectamente legítimo. Para eso existe la negociación.
Lo que empieza a resultar preocupante es otra cosa: que la negociación se transforme en un escenario donde una parte se sienta con una huelga indefinida activada y con consignas de “Consellera dimisión” resonando desde las calles.
Porque aquí merece hacerse una reflexión.
No se puede negociar con una pistola encima de la mesa.
No porque las huelgas no sean un derecho, que lo son y deben seguir siéndolo, sino porque una huelga indefinida representa la máxima herramienta de presión posible. Es el último escalón. El recurso extremo. Y resulta difícil sostener un discurso de diálogo permanente mientras la otra parte negocia bajo la presión de una movilización abierta y de una deslegitimación personal constante hacia quien, acertada o equivocadamente, se está sentando a negociar a diario.
Puede criticarse una propuesta. Puede rechazarse. Puede considerarse insuficiente.
Pero exigir la dimisión de quien negocia mientras precisamente negocia parece trasladar el conflicto a otro terreno distinto al educativo.
Y quizá ahí aparezca uno de los grandes problemas de fondo: la progresiva contaminación política del debate.
Porque junto a reivindicaciones laborales y educativas han empezado a aparecer exigencias que exceden claramente el marco salarial o las condiciones docentes. Entre ellas, la derogación de la llamada Ley de Libertad Educativa impulsada por el Consell.
Y aquí conviene detenerse.
Porque precisamente puede criticarse esa ley desde múltiples perspectivas, pero difícilmente puede negarse que nace bajo un principio concreto: trasladar a las familias capacidad de decisión sobre determinados aspectos educativos. Se podrá discutir si el modelo es adecuado, si genera desigualdades o si puede afectar al equilibrio lingüístico, pero el eje central de la norma gira alrededor de una idea democrática: permitir que las familias elijan.
La oposición a esa ley es tan legítima como su defensa.
Lo que resulta discutible es introducir debates ideológicos o legislativos complejos dentro de una negociación laboral cuya naturaleza inicial era otra distinta.
Porque entonces el conflicto deja de ser exclusivamente educativo y empieza a adquirir una dimensión política evidente.
Y es precisamente ahí donde el profesorado debería detenerse y reflexionar.
Porque una cosa es defender mejoras para la educación y otra muy distinta permitir que determinadas reivindicaciones o determinadas estrategias terminen mezclando intereses sindicales, intereses ideológicos y luchas partidistas bajo una misma bandera, o varias, porque aquí se ha introducido la bandera del independentismo como País València que tanto anelan los sectores más radicales de la izquierda de esta comunidad autónoma.
La educación merece algo mejor que trincheras.
Merece diálogo sin ultimátums. Merece acuerdos sin imposiciones. Merece menos consignas y más propuestas.
Y sobre todo merece recordar algo elemental: cuando el foco deja de estar en los alumnos y pasa a estar en los actores políticos, sindicales o institucionales, la educación deja de ser el objetivo y se convierte en el escenario.
Y cuando eso ocurre, todos pierden. Especialmente aquellos que todavía son demasiado pequeños para entender por qué los adultos siguen empeñados en convertir su futuro en una guerra de banderas.