La coherencia se ha convertido en una especie en peligro de extinción. Y lo verdaderamente preocupante no es que la hayamos perdido en política, sino que parece que hemos aprendido a vivir perfectamente sin ella.
Creo, sinceramente, que nos hemos vuelto locos. O, al menos, que hemos perdido algo tan elemental como la coherencia. Esa capacidad de defender unos principios y mantenerlos independientemente de quién los incumpla. De indignarnos ante lo injustificable, venga de donde venga. De no convertir nuestras convicciones en una barra libre de contradicciones.
Y lo peor es que ya ni siquiera nos sorprende.
El pasado viernes asistimos a una escena que, personalmente, me produjo una profunda incomodidad. Durante un mitin del PSOE en València, Diana Morant, ministra del Gobierno de España y líder de los socialistas valencianos, agradeció públicamente a Óscar Puente la «dignidad» demostrada en política. El público respondió coreando su nombre entre aplausos.
Dignidad. Esa fue la palabra.
Hablamos del ya exministro de Transportes, responsable político de un departamento bajo cuyo mandato España ha sufrido dos tragedias ferroviarias devastadoras en menos de un año.
En enero, el accidente de Adamuz dejó 46 fallecidos. La Fiscalía Europea investiga un posible fraude relacionado con fondos comunitarios destinados a las obras de la línea ferroviaria. Conviene precisar que investigar no significa haber demostrado una malversación. Pero precisamente por la gravedad de los hechos, las explicaciones y las responsabilidades deben exigirse hasta el final.
Hace apenas unas semanas, en Urda, otra catástrofe ferroviaria acabó con la vida de 69 personas. Las informaciones conocidas apuntan a una cadena de fallos técnicos y a errores en la aplicación de los protocolos de seguridad. La investigación deberá determinar todas las responsabilidades.
Y mientras todavía hay familias intentando comprender cómo sus seres queridos subieron a un tren del que nunca regresarían, una ministra pronuncia la palabra «dignidad» y un pabellón se levanta emocionalmente para homenajear al responsable político que acaba de dimitir.
¿De verdad nadie ve el problema?
Imaginen por un instante a una madre que ha perdido a su hijo en uno de esos trenes. Imaginen que enciende la televisión y contempla cómo miles de personas corean el nombre de quien dirigía políticamente el Ministerio de Transportes.
¿Qué debe sentir?
No estoy diciendo que Óscar Puente sea personalmente culpable de esos accidentes. Eso lo determinarán las investigaciones donde corresponda. Estoy hablando de algo anterior a cualquier sentencia: sensibilidad, prudencia, oportunidad y coherencia.
Porque una dimisión puede ser un ejercicio de responsabilidad política. Pero convertirla inmediatamente en una ovación partidista, en semejantes circunstancias, me parece de una insensibilidad difícil de justificar.
Y después estaba la marea verde.
En aquel mismo mitin vimos a numerosos docentes con sus camisetas verdes reivindicativas de la educación pública. Profesores que, legítimamente, reclaman mejoras educativas y laborales. Hasta ahí, absolutamente nada que objetar.
Pero ¿qué hace una reivindicación que debería representar transversalmente a los docentes convertida en una imagen de apoyo dentro de un acto electoral del PSOE?
Ese es el problema.
Una cosa es que cualquier profesor, como ciudadano libre, pueda acudir al mitin del partido que considere oportuno. Faltaría más. Y otra muy distinta es que una reivindicación colectiva termine identificándose visual y políticamente con unas siglas.
Porque entonces se corre el riesgo de que la causa deje de ser de todos para parecer patrimonio de unos pocos.
La educación pública no pertenece a la izquierda. Tampoco a la derecha. Pertenece a la sociedad.
Y hablando de coherencia, convendría preguntarnos exactamente qué estamos reivindicando. ¿Una educación pública? Ya existe. ¿Una educación universal? También. ¿Una educación en valenciano? También existe y, además, la legislación valenciana contempla la elección de la lengua base, valenciano o castellano, por parte de las familias, aunque su aplicación dependa de la organización de los centros y de la demanda.
¿Significa eso que no haya problemas educativos? Por supuesto que no. Los hay, y muchos. Ratios, recursos, burocracia, condiciones laborales, atención a la diversidad y calidad educativa. Hay muchísimo que discutir y mejorar.
Pero precisamente por eso deberíamos abandonar las consignas fáciles y concretar qué falla, qué soluciones se proponen y cuánto cuestan.
Las pancartas pueden servir para llamar la atención. No sustituyen una negociación.
Y cuando quienes representan una movilización educativa aparecen aplaudiendo en un mitin partidista, están asumiendo un riesgo enorme: comprometer la credibilidad de una causa que debería ser independiente. Puede que algunos profesores se sientan perfectamente representados. Pero estoy convencido de que otros muchos no quieren que sus reivindicaciones profesionales se conviertan en munición electoral.
Y llegamos al próximo 11 de noviembre.
Una huelga general convocada por distintas organizaciones sindicales que plantea reivindicaciones en materia de vivienda, salarios y poder adquisitivo. Demandas que, desde luego, merecen ser escuchadas.
Pero aquí vuelve a aparecer la pregunta incómoda.
¿Contra quién se dirige realmente esta movilización? ¿Contra el Gobierno que lleva años administrando las políticas estatales? ¿Contra la patronal? ¿Contra las administraciones autonómicas? ¿O contra una oposición que todavía no gobierna?
Los convocantes han identificado reivindicaciones y destinatarios, pero el clima político que rodea la huelga permite otra lectura: que parte de la movilización se está convirtiendo también en una campaña preventiva contra un hipotético cambio de Gobierno.
Y eso debería preocuparnos.
Porque si las reivindicaciones son legítimas hoy, también deberían serlo mañana. Si exigimos responsabilidades al Gobierno de un color, debemos exigirlas al del contrario. Y si los sindicatos aspiran a ser un verdadero contrapoder, deben ejercerlo frente a todos los gobiernos, incluidos aquellos con los que comparten afinidades ideológicas.
Los sindicatos no son departamentos de comunicación de ningún partido. O, al menos, no deberían serlo.
Muchísimos sindicalistas creen profundamente en su trabajo. Dedican tiempo, esfuerzo y compromiso a defender a sus compañeros. Precisamente por respeto a ellos, sus representantes deberían cuidar una independencia que constituye su principal patrimonio.
El sindicalismo pierde autoridad cuando parece más preocupado por quién puede ganar unas elecciones que por quién puede resolver los problemas de los trabajadores.
Y la derecha, por su parte, tampoco debería responder a esta situación con miedo, complejos o una escalada de insultos. Debe responder con propuestas, explicaciones, serenidad y capacidad de gestión. La mejor respuesta a una crítica injusta no es otra injusticia, sino una alternativa convincente.
Porque aquí nadie tiene el monopolio de la razón, ni de la indignación, ni de la decencia.
Estamos entrando en una dinámica peligrosísima. Todo se interpreta en términos de buenos y malos. Todo se convierte en un ataque. Toda discrepancia es una amenaza. Y cualquier tragedia parece susceptible de acabar transformada en argumento electoral.
Este fin de semana, el brutal ataque de Cracovia, en Polonia, ha dejado seis muertos y numerosos heridos. Sus motivaciones todavía no están esclarecidas y sería irresponsable atribuirlo a la polarización política sin pruebas. Pero sí nos recuerda algo esencial: la violencia puede irrumpir de forma terrible en sociedades que se consideran seguras.
No necesitamos esperar a vivir una tragedia para comprender la importancia de rebajar la agresividad pública.
Podemos defender nuestras ideas sin convertir al adversario en enemigo. Podemos manifestarnos sin instrumentalizar una causa. Podemos reconocer los aciertos de quien piensa diferente y denunciar los errores de quien votamos.
Eso, precisamente, es la coherencia.
La coherencia es defender a las víctimas aunque el responsable político sea de nuestro partido. Es reivindicar la educación pública sin exigir un carné ideológico. Es reclamar mejores salarios gobierne quien gobierne. Es respetar el derecho de huelga sin convertir a quien decide trabajar en un enemigo. Y es entender que la democracia necesita oposición, crítica y sindicatos independientes, no trincheras permanentes.
No sé en qué momento decidimos que tener razón era más importante que ser razonables.
Pero tengo la sensación de que hemos cruzado demasiadas líneas y de que cada vez somos menos capaces de reconocerlo.
Nos hemos vuelto locos. Y lo verdaderamente peligroso es que, entre aplausos, pancartas y consignas, estamos empezando a considerar normal lo que debería avergonzarnos.
Quizá haya llegado el momento de dejar de preguntarnos quiénes son los nuestros y empezar a preguntarnos si lo que defendemos tiene sentido.
Porque la coherencia no consiste en defender siempre a los tuyos.
Consiste en ser capaz de decirles que se están equivocando.
Por Javier Llull | Director de Vistanova TV