Dos accidentes ferroviarios en un mismo año, inundaciones devastadoras, un apagón generalizado, infraestructuras cuestionadas y una interminable sucesión de escándalos de corrupción. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aceptando que lo extraordinario se convierta en habitual?
Hoy volvemos a sentir rabia, tristeza y, sobre todo, una profunda impotencia. Un nuevo accidente ferroviario en las inmediaciones de Toledo vuelve a sacudir a nuestro país. Otra tragedia. Otra vez el miedo. Otra vez familias destrozadas. Otra vez las condolencias institucionales, los minutos de silencio y las promesas de investigar hasta el final.
Y otra vez la misma pregunta: ¿qué demonios está pasando en España?
Porque llega un momento en el que resulta imposible seguir mirando hacia otro lado. En enero fue Adamuz. Hoy, Toledo. Entre medias, hemos vivido inundaciones devastadoras, debates sobre la falta de mantenimiento de cauces y barrancos, un apagón que puso en evidencia nuestra dependencia de infraestructuras esenciales y demasiadas situaciones en las que los ciudadanos hemos descubierto, de la peor manera posible, que aquello que creíamos seguro quizá no lo era tanto.
No pretendo afirmar que todas estas tragedias tengan una misma causa, ni señalar culpables antes de que las investigaciones determinen lo sucedido. Pero hay algo que tengo absolutamente claro: la responsabilidad de un Gobierno no comienza cuando ocurre una tragedia. Comienza mucho antes, cuando tiene la obligación de evitar, prevenir y minimizar los riesgos.
Y esa es precisamente la cuestión que más indignación me provoca.
Vivimos en un país que presume de modernidad, de progreso, de pertenecer a Europa y de disponer de infraestructuras de primer nivel. Un país de cerca de 50 millones de habitantes que trabaja, produce, genera riqueza y soporta una importante carga fiscal.
¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para qué sostenemos una administración pública gigantesca? ¿Para qué existen ministerios, organismos reguladores, empresas públicas, inspecciones, controles, protocolos y responsables políticos?
Se supone que para garantizar lo esencial. Para que nuestros hijos reciban una educación digna. Para que podamos acudir a un hospital cuando lo necesitemos. Para que las infraestructuras estén mantenidas. Para que los trenes circulen con seguridad. Para que las carreteras no representen un peligro evitable. Para que, cuando llegue una emergencia, exista un sistema preparado para responder.
No pagamos impuestos para cruzar los dedos cada vez que nos subimos a un tren.
Y, sin embargo, cada vez resulta más difícil desprenderse de esa sensación de vulnerabilidad.
Lo verdaderamente preocupante no es que puedan producirse accidentes. Ningún país del mundo está libre de ellos. Lo verdaderamente preocupante es que, después de cada tragedia, volvamos a escuchar que había instalaciones obsoletas, necesidades de mantenimiento, advertencias desatendidas o deficiencias conocidas. Cuando esas circunstancias se confirman, la pregunta es inevitable: ¿por qué no se actuó antes?
Porque si había conocimiento de un riesgo y no se tomaron las medidas necesarias, ya no estamos hablando únicamente de mala suerte. Estamos hablando de responsabilidades.
Y aquí aparece otro de los grandes problemas de nuestro país: la extraordinaria facilidad con la que se diluyen las responsabilidades políticas.
Cuando todo funciona, sobran responsables para hacerse la fotografía. Cuando algo falla, comienza el interminable recorrido de las excusas, las competencias compartidas, los informes técnicos y las responsabilidades trasladadas de un despacho a otro.
Y al final, demasiadas veces, parece que toda la culpa debe recaer sobre el último eslabón de la cadena. Sobre un maquinista, un controlador, un operario o un trabajador que desempeñaba su función.
Por supuesto que cualquier error humano debe investigarse. Pero resulta inaceptable que la búsqueda de responsabilidades termine ahí cuando detrás de esos trabajadores existe toda una estructura de dirección, supervisión, inversión y decisión política.
Un Gobierno no está únicamente para gestionar presupuestos. Está para responder por las decisiones que toma y también por aquellas que decide no tomar.
Y mientras tanto, asistimos con estupor a investigaciones y escándalos de corrupción relacionados con contratos públicos, adjudicaciones y comisiones millonarias. Casos como los vinculados a la compra de mascarillas durante la pandemia han contribuido a deteriorar profundamente la confianza ciudadana.
Resulta difícil explicar a una familia que el dinero público es limitado cuando, al mismo tiempo, conoce noticias sobre presuntas mordidas, enriquecimientos ilícitos y utilización de las instituciones en beneficio particular.
Cada euro público que se desvía, cada contrato amañado que se acredita y cada decisión tomada por interés particular en lugar de por interés general representan una traición a quienes sostienen este país con su trabajo.
Y lo más grave es que todo esto tiene consecuencias mucho más profundas que el desgaste de un Gobierno.
Estamos perdiendo la confianza en nuestras propias instituciones.
Y cuando una sociedad pierde la confianza en quienes deben protegerla, empieza a resquebrajarse algo fundamental.
Porque la seguridad no consiste únicamente en evitar accidentes. La seguridad también es saber que existe una administración competente, que los controles funcionan, que las advertencias se atienden, que el dinero se administra con rigor y que, cuando alguien falla gravemente en sus obligaciones, existen consecuencias.
La incertidumbre permanente genera miedo, desconfianza, inestabilidad económica y un deterioro progresivo de la convivencia.
No podemos resignarnos a vivir en un país donde lo normal sea preguntarse qué será lo próximo que deje de funcionar.
España no es un país pobre. No somos una nación sin recursos, sin profesionales cualificados o sin capacidad tecnológica. Tenemos ingenieros extraordinarios, sanitarios, técnicos, investigadores, trabajadores públicos y profesionales capaces de mantener servicios de primer nivel.
Por eso resulta todavía más indignante que, con todo ese potencial, sigamos enfrentándonos a situaciones que ponen en cuestión la eficacia de nuestros sistemas más básicos.
No podemos presumir de ser una gran potencia europea y después aceptar deficiencias propias de un país incapaz de garantizar adecuadamente sus servicios esenciales.
Y quiero ser especialmente claro en algo: esto no va de izquierdas ni de derechas. Va de responsabilidad.
Quien gobierna tiene la obligación de gobernar. Y gobernar implica asumir las consecuencias de la gestión, incluso cuando hacerlo resulta incómodo, incluso cuando supone reconocer errores y, llegado el caso, incluso cuando exige abandonar un cargo.
Las responsabilidades penales las determinarán los tribunales. Las técnicas, las investigaciones correspondientes. Pero las responsabilidades políticas no pueden esconderse eternamente detrás de un procedimiento judicial.
No todo accidente implica negligencia. Pero tampoco toda tragedia puede despacharse como una fatalidad inevitable.
Estoy cansado de los comunicados de condolencias que no van acompañados de respuestas. Cansado de escuchar que se investigará hasta las últimas consecuencias sin conocer después cuáles fueron esas consecuencias. Cansado de ver cómo la discusión política termina siendo más importante que las soluciones.
Y, sobre todo, cansado de que parezca que exigir responsabilidades es una actitud partidista cuando debería ser la exigencia más elemental de cualquier ciudadano.
No queremos más promesas. Queremos garantías. No queremos más excusas. Queremos gestión. No queremos más fotografías institucionales. Queremos responsables que respondan.
Queremos subir a un tren sin miedo. Circular por una carretera con confianza. Vivir cerca de un río sin sentir que cada temporal puede convertirse en una amenaza. Encender la luz sin preguntarnos si el sistema resistirá. Y saber que nuestros impuestos se destinan prioritariamente a proteger nuestra vida, nuestra salud y nuestro bienestar.
No pedimos imposibles. Pedimos aquello que cualquier Estado moderno debería ofrecer.
Hoy toca respetar el dolor de las víctimas y sus familias. Pero respetar ese dolor no significa guardar silencio ante las preguntas que merece hacerse toda una sociedad. Al contrario: exigir que se esclarezca lo ocurrido y que se corrija cuanto sea necesario es también una forma de honrar a quienes han sufrido las consecuencias.
Porque el verdadero respeto no se demuestra únicamente con un minuto de silencio.
Se demuestra trabajando para que aquello que podía haberse evitado no vuelva a suceder.
Y si finalmente se demuestra que hubo negligencias, omisiones o decisiones políticas que contribuyeron a cualquiera de estas tragedias, alguien tendrá que asumirlas. Sin excusas. Sin esconderse. Sin convertir una vez más el sufrimiento de los ciudadanos en una batalla de declaraciones.
España necesita recuperar algo mucho más importante que la confianza en un partido político: necesita recuperar la confianza en que su propio país funciona.
Porque cuando un Estado deja de transmitir seguridad a sus ciudadanos, empieza a fallar en la razón más elemental de su existencia.
Y ya va siendo hora de que quienes nos gobiernan entiendan que la responsabilidad no consiste en ocupar un despacho, administrar un presupuesto o ganar unas elecciones.
La responsabilidad consiste en responder.
Y en España, por desgracia, llevamos demasiado tiempo esperando respuestas.