La asociación APROSDECO, junto con la AFA del Centro de Educación Especial Raquel Payà y el respaldo de varios alcaldes de la Marina Alta, ha hecho pública su preocupación por la delicada situación que atraviesan los recursos destinados a la atención de personas con discapacidad en la comarca. La entidad denuncia que los retrasos en los pagos por parte de la Conselleria están generando una gran incertidumbre y ponen en peligro tanto la estabilidad económica de los centros como la continuidad de servicios fundamentales.
Actualmente, APROSDECO atiende a 94 personas con discapacidad procedentes de doce municipios de la Marina Alta, ofreciendo un apoyo esencial para los usuarios, sus familias y los propios ayuntamientos. Sin embargo, la asociación asegura que en los últimos meses los abonos de la Administración autonómica se han retrasado de forma considerable.
Según los datos aportados por la entidad, la deuda acumulada correspondiente al periodo comprendido entre octubre de 2025 y marzo de 2026 alcanza los 571.842 euros. Además, permanecen pendientes otros 359.245 euros correspondientes a las mensualidades de febrero, marzo, abril y mayo de 2026.
Pese a estas dificultades, APROSDECO ha mantenido su actividad gracias al compromiso de trabajadores y familias, que han realizado importantes esfuerzos para garantizar la prestación de los servicios y el pago de las nóminas. No obstante, advierte de que esta situación resulta insostenible a largo plazo y amenaza el modelo de atención a las personas con discapacidad en la comarca.
La asociación señala que el problema va más allá de los retrasos puntuales y responde a una infrafinanciación estructural de los centros ocupacionales y de día. Los módulos económicos vigentes, fijados en 2019, no se han adaptado al incremento de los costes ni a las nuevas necesidades de los usuarios, lo que ha generado un importante desfase económico que deben asumir tanto las entidades como las familias.
A esta situación se suman factores como el aumento de los salarios, la subida del IPC y las nuevas exigencias normativas, aspectos que, según denuncia la entidad, no han tenido reflejo en la financiación pública. Como consecuencia, el coste real de la atención supera ampliamente los recursos que reciben los centros.
El Centro de Educación Especial Raquel Payà y su AFA representan un claro ejemplo de esta problemática. Cada curso, los alumnos que concluyen su etapa educativa se enfrentan a la falta de plazas suficientes para continuar desarrollando su proyecto de vida, potenciar sus capacidades e integrarse plenamente en la sociedad. Una realidad que afecta directamente tanto a los usuarios como a sus familias.
La situación tampoco es exclusiva de APROSDECO. Otras entidades de la Marina Alta, como Adima, Ludai, Cerebrum, TDAH +16 y Amadem, también sufren las consecuencias de la escasez de recursos y de la falta de una inversión estable y suficiente. Todas ellas desarrollan una labor esencial con colectivos vulnerables y reclaman una mayor implicación por parte de las administraciones.
En el comunicado conjunto se insiste en la necesidad de una planificación real de los recursos sociales y sociosanitarios de la comarca, así como en la creación de nuevas infraestructuras, el aumento de plazas y una financiación adecuada que garantice la calidad de los servicios ya existentes. Asimismo, las entidades consideran imprescindible que las administraciones escuchen a quienes conocen de primera mano las necesidades de los usuarios y sus familias.
Por todo ello, APROSDECO solicita a la Conselleria la apertura de un proceso de diálogo que permita abordar de forma urgente las carencias actuales y diseñar soluciones sostenibles para los próximos años. La asociación recuerda que detrás de cada plaza insuficiente, de cada lista de espera y de cada retraso administrativo hay personas y familias que necesitan respuestas inmediatas.
Después de una década de carencias sin solución, esta rueda de prensa puso de manifiesto la necesidad de que se involucren de una forma clara y seria cada uno de los alcaldes de la comarca. Con esta iniciativa, la entidad pretende dar visibilidad a la magnitud del problema, sensibilizar a la sociedad sobre la infrafinanciación que afecta al sector y promover la colaboración entre administraciones, ayuntamientos, entidades y familias para garantizar una atención digna y de calidad a todas las personas con discapacidad de la Marina Alta.