El Ayuntamiento de Calp ha decidido seguir adelante con la modificación D-16 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una iniciativa destinada a impedir que los locales comerciales situados en plantas bajas de edificios plurifamiliares se transformen en viviendas en todo el municipio, con el fin de mantener su uso económico y comercial.
La propuesta contempla cambiar el artículo 8 de las Normas Urbanísticas para dejar claro que no se permitirá el uso residencial en estos espacios, entendiendo como tales aquellas viviendas con acceso directo desde la calle o desde la planta baja sin pasar por otras alturas del edificio. Con ello, el consistorio busca frenar la conversión de locales en viviendas y preservar tanto el comercio de proximidad como el tejido social local.
Esta medida tiene su origen en 2024, cuando el Ayuntamiento suspendió la concesión de licencias para este tipo de cambios de uso con el objetivo de estudiar una posible modificación urbanística. Desde entonces, se ha desarrollado el procedimiento ambiental y territorial correspondiente, solicitando informes a distintas administraciones y áreas municipales.
Diversos organismos, como el Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante, la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Conselleria competente en costas y el Ministerio para la Transición Ecológica, han emitido informes favorables que respaldan la viabilidad de la iniciativa. También los departamentos municipales de Igualdad y Promoción Económica han avalado la propuesta por su impacto positivo en el comercio local, la actividad urbana y la seguridad en el espacio público.
Especial relevancia ha tenido el informe del área de Promoción Económica, que advierte de que transformar locales en viviendas —especialmente con fines turísticos— podría encarecer los precios y dificultar la implantación de pequeños negocios, perjudicando la competitividad del destino y la calidad de su oferta comercial.
Tras analizar la situación en todo el término municipal, el Ayuntamiento ha optado por aplicar esta limitación de forma generalizada, con el objetivo de mantener un equilibrio entre actividad económica, uso residencial y calidad urbana.
En el turno de intervenciones, la concejala Mireia Ripoll explicó que se ha optado por la opción más restrictiva para proteger el comercio local y evitar que estos espacios acaben destinándose a uso turístico. Toni Tur, de Defendamos Calpe, señaló que la medida busca evitar la pérdida del pequeño comercio, aunque considera que aún hay aspectos mejorables. Por su parte, Miguel Crespo criticó que la decisión llega tarde y que no soluciona el problema del acceso a la vivienda. Marco Bittner defendió que, sin esta limitación, los locales acabarían convirtiéndose en alojamientos turísticos. Desde Somos Calpe, Rebeca Merchán destacó el proceso participativo en el Consejo de Turismo. La alcaldesa, Ana Sala, subrayó que no se trata de prohibir, sino de regular una situación que se había desbordado.
En la misma sesión plenaria también se aprobó solicitar al Gobierno de España la declaración de Fiesta de Interés Nacional para la celebración de Moros y Cristianos de Calp, con el objetivo de reforzar su proyección y reconocimiento. Esta festividad, que se celebra desde 1977 y cuenta con el distintivo de Interés Turístico Autonómico desde 2013, combina actos religiosos, históricos y populares.
La solicitud forma parte de la estrategia turística del municipio para potenciar su imagen, diversificar su oferta y consolidarse en distintos mercados. El acuerdo incluye iniciar los trámites correspondientes, comenzando por la solicitud del informe favorable de la Generalitat Valenciana antes de remitir la petición al Gobierno central.