El vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha defendido la necesidad de que las comunidades autónomas con litoral “hagan un frente común” ante la nueva normativa estatal para impulsar una nueva ley que sustituya el actual modelo basado en los deslindes y adapte la regulación a la realidad actual de las costas.
Martínez Mus ha realizado estas declaraciones durante la II Cumbre Nacional del Litoral, celebrada en València y organizada por la Generalitat Valenciana. El encuentro ha reunido a representantes de varias comunidades autónomas con costa para coordinar posiciones ante los cambios normativos en materia de gestión litoral.
Entre los asistentes han participado la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez; el conseller del Mar y del Ciclo del Agua del Gobierno de las Islas Baleares, Juan Manuel Lafuente; el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta; el consejero de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia, Jorge García; y el consejero de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio de Gobierno de Cantabria, Roberto Media.
Durante su intervención, el vicepresidente ha destacado que este encuentro permite reforzar alianzas entre territorios costeros y avanzar hacia propuestas concretas para mejorar la gestión del litoral. La cumbre da continuidad al trabajo iniciado en julio de 2025, cuando representantes del 80 % del litoral español firmaron en València un primer manifiesto por una gestión más eficiente, integrada y resiliente de la costa, así como a la primera cumbre celebrada el año pasado en Galicia.
Reclamación de una nueva ley estatal
Las autonomías participantes han acordado un manifiesto conjunto en el que reclaman una nueva ley estatal de costas, rechazan los reglamentos que impulsa el Gobierno central y solicitan la convocatoria urgente de la comisión sectorial con presencia de la ministra Sara Aagesen.
Además, se ha planteado la creación de un grupo de trabajo que elaborará un borrador de nueva ley “con visión autonómica”, incorporando la realidad atlántica, mediterránea e insular.
Martínez Mus ha subrayado que, 38 años después de la aprobación de la Ley de Costas de 1988, es necesario revisar el modelo actual. Según ha explicado, la regresión del litoral continúa avanzando en muchos tramos, los deslindes generan inseguridad jurídica y el mapa competencial ha cambiado profundamente desde entonces, ya que ocho de las diez comunidades con costa han asumido o solicitado competencias en esta materia.
La propuesta de las autonomías pasa por una nueva ley nacional que reordene las competencias entre administraciones, limite la intervención estatal a aspectos como los deslindes o las obras de interés general y avance hacia una gestión más próxima por parte de las comunidades autónomas. También plantea aportar mayor seguridad jurídica, regular con criterios objetivos las concesiones, reconocer concesiones compensatorias y proteger los núcleos tradicionales de valor etnológico y cultural.
“No pedimos menos protección. Pedimos mejor protección, más eficaz y más adaptada a la realidad de nuestros territorios”, ha remarcado.
Experiencia valenciana
El vicepresidente también ha puesto en valor la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, impulsada por la Generalitat, que establece instrumentos de planificación del litoral, clasifica las playas según su grado de urbanización y fija tres grandes áreas de gestión: protección ambiental, mejora ambiental y paisajística, y reordenación.
Asimismo, ha advertido de que en la Comunitat Valenciana existen alrededor de 60 kilómetros de deslindes en marcha, muchos de ellos recurridos, y ha reclamado la ejecución de las estrategias de protección de la costa previstas desde 2015 en diferentes zonas del litoral español.
Martínez Mus ha concluido defendiendo la cooperación entre comunidades autónomas como una herramienta clave para afrontar los retos del litoral. “La diversidad del litoral español debe reflejarse en la norma, porque proteger la costa es también proteger el futuro de las comunidades que viven en ella”, ha afirmado.