El anuncio del Gobierno de aplazar hasta 2027 la implantación obligatoria de Verifactu —el sistema destinado a garantizar la integridad y trazabilidad de los registros contables— ha provocado un profundo malestar entre empresarios y autónomos de toda España. La indignación no viene solo por el retraso, sino por el contexto: una gran parte del tejido empresarial ya había completado la implantación o estaba en la fase final, tras meses de inversiones, prisas y adaptación forzada al nuevo marco normativo.
Durante el último año, miles de negocios se han visto obligados a acelerar su digitalización contable para cumplir con el calendario previsto inicialmente por el Estado. Muchos han tenido que adquirir nuevos programas de facturación, contratar servicios de formación y adaptar sus procedimientos internos a tiempo récord. En sectores como el comercio, la hostelería o los servicios profesionales, la presión por llegar a tiempo ha sido especialmente intensa.
Ahora, con el cambio de criterio del Gobierno y el aplazamiento a 2027, la sensación de “trabajo perdido” e inversión innecesaria se ha extendido entre los profesionales. Empresarios consultados expresan que han desembolsado cantidades importantes para actualizar software, reforzar equipos y asumir el coste de formaciones específicas, confiando en unas fechas que la Administración ha modificado a última hora.
Muchos se sienten desamparados y denuncian que el retraso genera agravio comparativo entre quienes han cumplido con lo exigido y quienes todavía no habían comenzado la transición. Algunos incluso consideran que la decisión castiga al “buen cumplidor”, perjudicando a quienes se han adaptado antes de tiempo y beneficiando, indirectamente, a quienes han esperado hasta el final.
El aplazamiento también abre incertidumbres operativas: empresas que ya trabajan con sistemas certificados deberán mantener convivencias técnicas durante más tiempo, mientras que los proveedores de software temen una paralización de nuevas contrataciones, frenando un proceso que, según reconocen, estaba muy avanzado y consolidado.
En un contexto económico duro para pymes y autónomos, el retraso de Verifactu ha vuelto a reactivar el debate sobre la previsibilidad y la seguridad jurídica en materia fiscal. De momento, lo único claro es que miles de empresas ya han hecho un esfuerzo que no se verá recompensado a corto plazo… y que deberán seguir conviviendo con un limbo normativo que se alarga dos años más.