El sector de la discapacidad está, de nuevo, en el punto de mira de los políticos. La diputada autonómica del PSPV-PSOE, Silvia Gómez, en su visita a Dénia, ha cargado contra la gestión del gobierno del PP en la Generalitat Valenciana en materia social, denunciando lo que considera una clara desatención hacia los colectivos más vulnerables.
El PSPV ha recorrido la zona de La Pedrera. Allí pudo comprobar el estado de los terrenos destinados a la futura segunda residencia de mayores, así como el espacio donde se estaban construyendo el Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) y el Centro Específico para Enfermos Mentales (CEEM), cuyas obras permanecen actualmente paralizadas. Según Gómez, la situación de estos proyectos evidencia la falta de compromiso del Consell con infraestructuras clave para la comarca.
La parlamentaria socialista señaló que tanto la paralización de las obras como el retraso en la residencia responden a la decisión de la Generalitat de desacreditar el Pla Convivint, al que consideran ineficaz. Frente a ello, Gómez defendió que el verdadero problema es la falta de gestión del actual gobierno autonómico. Además, acusó al Ejecutivo de priorizar intereses económicos por encima de las necesidades sociales y responsabilizó directamente a la consellera Elena Albalat de frenar el desarrollo de estas infraestructuras.
Durante su intervención también hizo referencia a las listas de espera, subrayando que en la Marina Alta hay 1.330 personas dependientes pendientes de atención, de las cuales 321 corresponden a Dénia, dentro de un total provincial cercano a las 15.000.
En la visita estuvo acompañada por el diputado José Chulvi, el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, la secretaria general socialista local Maria Josep Ripoll y la concejala de Bienestar Social, Melani Ivars.
Por su parte, Chulvi denunció la deuda de cerca de 600.000 euros que la Generalitat mantiene con la asociación Aprosdeco, criticando que, pese a contar con un amplio presupuesto, se hayan destinado millones de euros a cambios de imagen corporativa en lugar de atender necesidades sociales urgentes.
El alcalde Grimalt aportó además contexto sobre la evolución de los proyectos. En relación con la segunda residencia, explicó que en 2025 se mantuvo una reunión con responsables autonómicos para abordar el futuro de los terrenos, pero desde entonces el Ayuntamiento no ha recibido respuesta oficial, lo que mantiene bloqueada una parcela de 4.000 metros cuadrados.
En cuanto al CRIS y al CEEM, recordó que los terrenos fueron cedidos inicialmente en 2009, aunque no hubo avances hasta una nueva cesión en 2021. Las obras comenzaron en 2023, pero actualmente se desconoce tanto el motivo de su paralización como los plazos previstos para su finalización. Grimalt reclamó explicaciones al gobierno autonómico y pidió también al PP local una mayor implicación para desbloquear la situación.