Gent de Dénia ha manifestado su preocupación por lo que consideran un uso desmedido del requisito lingüístico por parte del equipo de gobierno de Dénia. Según la agrupación, la imposición del valenciano como un requisito excluyente está afectando a numerosos profesionales que llevan años ejerciendo sus funciones en el Ayuntamiento, tras haber superado oposiciones y trabajado con un desempeño intachable.
En un comunicado, Gent de Dénia subraya que no están en contra del uso de las dos lenguas cooficiales de la Comunidad Valenciana, pero consideran que el gobierno local ha sobrepasado los límites. "En 2019, el equipo de gobierno dejó claro que era su voluntad política aplicar de manera estricta el requisito lingüístico del valenciano, lo que ha generado exclusión entre aquellos que no poseen la titulación que consideran adecuada", señalan.
La controversia se ha intensificado en el marco del proceso de estabilización de interinos exigido por la Unión Europea, con fecha límite en diciembre de 2024. Gent de Dénia denuncia que la capital comarcal es uno de los pocos municipios que está exigiendo el requisito lingüístico para que los interinos puedan optar a la estabilización de sus puestos. En muchos casos, estos trabajadores llevan más de 15 años en sus cargos sin quejas sobre su desempeño y ahora se ven excluidos por no tener el certificado de valenciano adecuado.
El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó el 4 de septiembre de 2024 las nuevas condiciones que exigen a los interinos el título de C1 en valenciano para acceder al proceso de estabilización. Esto ha llevado a Gent de Dénia a cuestionar la situación de estos trabajadores, quienes, a pesar de haber aprobado sus oposiciones bajo los requisitos anteriores, se ven ahora en riesgo de perder su empleo.
Impacto en los trabajadores y demandas judiciales
Gent de Dénia destaca el impacto psicológico y emocional que esta situación está generando entre los empleados afectados. "Hay trabajadores a punto de jubilarse, con hipotecas y familias a su cargo, que ahora ven su estabilidad laboral en peligro debido a la imposición política del requisito lingüístico", señalan en su comunicado.
Muchos de estos empleados han iniciado procesos judiciales para defender sus derechos, lo que ha conllevado un importante gasto económico. "El equipo de gobierno no muestra empatía ni disposición para negociar pruebas de aptitud que permitan estabilizar estas plazas sin imponer el requisito de manera retroactiva", critican desde el colectivo.
La agrupación insta al gobierno local a reconsiderar su postura y no utilizar los procesos de estabilización como una herramienta para imponer "de forma dictatorial" su voluntad política. "Rectificar es de sabios", concluyen, advirtiendo que esta situación ha generado una gran inseguridad y desestabilización entre los trabajadores del Ayuntamiento.
El conflicto ha escalado hasta los tribunales, donde se espera que algunos de los casos se resuelvan en las próximas semanas, mientras los trabajadores afectados aguardan con incertidumbre el desenlace.